¿Originaria,
refundacional o en la medida de lo posible?
“La primera regla de
la democracia es que
la mayoría manda. La
segunda, es que la
mayoría puede cambiar
cualquier regla,
salvo la que dice que
la mayoría manda”.
Sergio
Suazo
Cuando se trata de momentos
límites dentro de la sociedad, sea una revolución, una conmoción social o una
crisis, los resultados pueden ser la sustitución total de las instituciones,
valores y el sistema de ideas establecidos; también puede resultar una modificación
del régimen político a partir de la influencia de una religión determinada, y,
en el último caso, la emergencia de una serie de cambios que llevan a la
modificación profunda de las bases en las que se ha sustentado el sistema
social en su conjunto.
Los economistas hablan de
crisis no solamente como algo negativo que afecta a mercados, empresas o a los
ciudadanos, también se puede ver una crisis como oportunidad para innovar, para
modernizar, para adquirir bienes etc. Si extrapolamos éste último significado
de crisis- es decir como sinónimo de oportunidad- a la política, fácilmente se
puede deducir que una crisis como un golpe de Estado, puede llevar a que de
ella surja algo distinto aunque no necesariamente para bien.
En el caso de Honduras, si se
pudiera hacer abstracción de las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos
que se dieron a raíz del quiebre institucional en 2009, diríamos que esa crisis
abrió la oportunidad para poder pensar, plantear y luchar por hacer cambios profundos
al sistema. Con anterioridad al golpe de Estado, se sabía mucho de las causas
que hacen del país uno de los más atrasados del continente, que la democracia
es una mera fachada para el accionar impune de los partidos que hasta ahora
conforman la parte política del bipartidismo, que existen grupos económicos que
convirtieron al Estado en el instrumento para materializar sus egoístas
intereses etc. etc., pero lo más trascendente- está por ver hasta dónde- es que
amplios sectores de la sociedad percibieron que la situación de exclusión y
marginalidad que sufren, sólo puede ser revertida con su participación, pues de
ello se deriva el factor clave: el poder.
Pero el poder en cualquiera
de sus formas, requiere ser materializado, y una de ellas es contar con
mayorías políticas en las instancias de decisión. En esas instancias se
encuentran las formas de materialización, una de ellas es la Asamblea Constituyente.
Su pertinencia, alcances, límites, miedos, oposición y viabilidad se abordan en
las páginas que siguen
El
estado del debate
En la antigüedad clásica,
además de historiadores, poetas, dramaturgos etc. que escribían con raciocinios
elegantes y sobrios, los pensadores como Platón, ordenaban el pensamiento en
niveles: en el primero, estaba el debate,
o sea el enfrentamiento de ideas distintas pero coherentes cuyo fin último era
llegar a la verdad. En el segundo nivel, se encontraba la mera exposición de raciocinios sin debate o sea, sin crítica y en el último nivel, algo así como en una especie de
sótano, se encontraban lo que ahora llamamos consignas, que siendo ideas también, se quedan en la fantasía y en
la ambición porque expresan “la versión vulgarizada de las ideas”.
Es ingenuo pensar que en
política no haya consignas – y “consigneros”, si se permite la expresión- pero
sería desolador que fueran éstas la base sobre la que sustente la praxis
política.
El
tema de la Asamblea Constituyente aún no ha entrado a un debate serio, por varias razones: la primera, es que no ha pasado
de representar una aspiración social y política de ciertos movimientos sociales
y de algunos partidos políticos de reciente creación como LIBRE, el FAPER y
otros que seguramente se unirán como la UD, en una concordancia que en el
futuro podría ser parte de la recomposición política que seguramente experimentará
el país, dependiendo mucho de los resultados electorales del 24 de noviembre.
Hasta ahora, cuando se ha
tratado la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una
nueva constitución, lo que más sobresale es su escasa profundidad tanto en quienes
la promueven como en quienes la adversan. Los primeros, en la falsa creencia
que resolverá todo, y los segundos, por no considerarlo necesario, argumentan que
la constitución actual ya ha sufrido una serie de reformas que la actualizarían,
desconociendo que se trata de algo más profundo que una reforma superficial:
una nueva constitución que pierda su carácter de instrumento al servicio de un
élite y de un orden distanciado por completo de la realidad que viven las
mayorías nacionales.
Segunda, porque no es claro
que se vaya a producir un debate directo entre ambos extremos como parte de la
campaña electoral, es posible que cada uno mantenga su posición hablándole al vacio por su cuenta, en espera que se produzca
el eco; pero en caso que suceda lo contrario, ocupara un lugar central en la
campaña política lo que sería un avance importante al menos a nivel discursivo
pues se abordarían los tremas “tabú” de las grupos dominantes: los artículos
“pétreos”, sobre todo, los que prohíben la reelección.
Tercera, porque luego de
que, quienes creían ingenuamente que “en la calle está el poder”, se dieron
cuenta que los cambios una vez que se aspira a ser parte del sistema, sólo
pueden hacerse desde el poder y ahora mismo, no se cuenta con ese poder
político para impulsar la Asamblea Constituyente. No faltará quien desde la
emoción contradiga ésta última afirmación, sin embargo, sirva aclarar lo
siguiente: una cosa es contar con simpatía y apoyo popular, con capacidad de
movilización y hasta con un buen volumen electoral y otra, es tener fuerza y
poder político.
El poder político sólo se
obtiene cuando esas condiciones que se mencionan, tienen una materialización,
es decir, cuando se accede a las instituciones desde las cuales se cambia la
correlación de fuerzas que hace posible los cambios. El poder político se
materializa en el ámbito local en las Alcaldías Municipales, y, para tener
mayorías políticas, en el Congreso Nacional.
Cuarta razón, porque es deseable que la
discusión se haga con todos los actores, los viejos y los nuevos, eso sólo
podrá ser después de las elecciones de noviembre de donde saldrán los “nuevos”
sujetos políticos.
Se podría agregar una
quinta, es fundamental que algo tan serio como una Asamblea Constituyente, se
deba entender el carácter eminentemente político, con implicaciones jurídicas,
económicas, sociales y culturales, claro está. Hacer recaer su comprensión
únicamente en los aspectos jurídicos, equivale a entender poco de lo que se
está hablando pues no basta con plantear una nueva Constitución, hay que
argumentar sobre su pertinencia, cómo se hace, qué temas contendrá, cómo
modificará la naturaleza del Estado, quiénes participaran o algo tan importante
como saber sus límites, si requerirá de negociación con los grupos políticos y
económicos que la adversan. En fin, fundacional no puede ser ni originaria,
entonces ¿será en la medida de lo posible? No hay que ser muy perspicaz para
deducir el camino que podría tomar.
Pertinencia democrática
Para las fuerzas políticas y
económicas conservadoras del país, que resisten y resistirán hasta donde les
sea posible, una Asamblea Constituyente, es uno de los productos menos
esperados del golpe de Estado, son las consecuencias de subestimar a los
pueblos al borde del colapso, sin embargo es un tema que poco apoco ha pasado a
formar parte de las consideraciones de esos grupos, y de sectores ligados a
ellos. Algunos casi aceptan con resignación que “para allí vamos”, como me dijo
recientemente un miembro de una de las familias políticas más reconocidas del
país.
Esa sensación es
“transversal” - como les gusta decir a las ONG de corte neoliberal y a otras no
tanto- en la clase política, las encuestas de opinión han hecho que tanto los
poderes fácticos como sus operadores políticos, o sea “sus” partidos, se
encuentren al borde de un ataque de nervios (y las esposas desesperadas) es un
estado de ánimo que esconde el temor de esos grupos ante la posibilidad de que
su “modelo” sufra profundos cambios que amenacen “sus intereses y posiciones dominantes”
dentro de la sociedad. Sobre esto, Roberto Viciano, profesor de Derecho
Constitucional de la Universidad de Valencia, España y buen conocedor de los
procesos constituyentes en Latinoamérica dice: “los procesos de cambio siempre asustan al dinero…los procesos
constituyentes son visto como una amenaza de inestabilidad pero son más bien
maniobras de amarre para evitar los cambios, amenazas de los poderes fácticos
para impedir que lo que la gente quiere se lleve a cabo”.
El ejemplo de Bolivia es muy
ilustrativo, el proceso constituyente fue satanizado por la vía de la supuesta
inestabilidad que produciría, no ocurrió así. Hoy, Bolivia tiene uno de los
períodos de mayor estabilidad institucional de sus reciente historia a pesar de
los intentos separatistas de algunos departamentos gobernados por la oposición
de derecha; los capitales extranjeros lejos de retirarse se quedaron, porque el
dinero se “acomoda” donde hay ganancias y Bolivia pasó de tener menos de $500
millones en reservas internacionales en 2006, a más de $14 mil millones en la
actualidad con lo que el argumento de los temores, se desvanece.
El orden social que en
Honduras emergió de la Constitución de 1982, como se ha dicho reiteradamente,
obedecía a la lógica de unas condiciones internacionales y regionales que
atendían la “necesidad” geoestratégica de reacomodar el poder para revestirlo
de una nueva “legitimidad democrática” a conveniencia de los poderes externos e
internos que han dominado la región casi desde su “independencia”. Luego del
fin los regímenes militares, y la “implantación” de “democracias” tuteladas
constitucionalmente por el mismo poder militar desde los cuarteles y no ya
desde las instituciones, el lenguaje político de los “nuevos actores” – las
viejas cúpulas políticas de los partidos tradicionales- comenzó a hablar de
“estabilidad democrática” ( no habían copiado el término gobernabilidad porque
aún no salía del ámbito académico), “atrás quedaron las elecciones estilo
Honduras”, “la supeditación del poder militar al poder civil” o “profundización
de la democracia” etc.
Con el paso del tiempo, nos
fuimos dando cuenta que seguíamos siendo la más “bananera” de las “democracias”
en la región, es decir, la menos democrática; 5,2 cuando el promedio en el
resto de los países centroamericanos es de 6,7 en una escala de 1 a 10, donde 1
es lo menos democrático y 10, lo más democrático. En síntesis, después de
treinta años desde el retorno constitucional que no transición política, no fue
tiempo suficiente para que la democracia pudiera habituarse a sí misma
(Rustow).
Por otra parte, en los
últimos años, el déficit democrático sigue siendo alto a pesar de algunos avances experimentados en el
sistema político, sin embargo, se percibe el gran desfase de los partidos
políticos con relación al papel que ellos cumplen en lo referente a su papel de
intermediación entre las demandas sociales y el Estado. Ello se debe entre
otras cosas, a que desde hace mucho tiempo, los partidos políticos en todas
partes, perdieron el “monopolio” de la representación de los ciudadanos, eso debido
al surgimiento de unas serie de organizaciones que desde la base de la
sociedad, articulan, promueven y defienden sus intereses al margen de los
partidos.
Consecuentemente, los altos
niveles de pobreza y pobreza extrema (cercana al 70%) como expresión máxima de
las exclusión social, la crisis de legitimidad de las instituciones, el papel
de operadores políticos que cumplen los partidos, la cooptación del Estado por
los “poderes fácticos”, la ausencia de política públicas eficientes, el irrespeto
casi absoluto de las mismas “reglas del juego” establecidas en la actual
constitución y las leyes secundarias que de ella se derivan, la poca claridad y
en algunos casos ausencia de principios básicos para el funcionamiento económico
del sistema, son factores que constituyen un escenario con suficientes
justificaciones para que se puede plantear con mucha legitimidad, una Asamblea
Constituyente. Como síntesis de lo anterior, y para sustentar la afirmación, sólo
el 29% de los ciudadanos hondureños está satisfecho con la democracia
(Corporación Latinobarómetro, Informe 2011)
Como se ha dicho, éste tema
ha ido cumpliendo varias fases: primero, es algo aspiracional de ciertos grupos
sociales y políticos, segunda, debe ser asumido por una masa crítica amplia con
capacidad de traspasarla a la población con el fin de que la haga suya para
poder defenderla, tercera, comenzar a construirla intelectualmente con todo lo
que ello implica, y por último, construir mayorías políticas que la hagan
factible. Es importante recordar: una cosa es lo pensable, otra los posible y
una distinta lo factible.
Llegar a una Asamblea
Constituyente es un camino sinuoso, escabroso, cuesta arriba, con avances y
retrocesos. Mucho dependerá de contar o no con mayorías políticas, las que por
cierto, de no contar con las propias, no significa que no se puedan construir;
una de forma para tenerlas es la política de alianzas.
Sin embargo, existen ciertas
condiciones que se deben tener en cuenta, por ejemplo, saber sí una Asamblea
Constituyente es considerada una
prioridad por la población; las encuestas de opinión muestran que no, ya que
entre las prioridades destacan, el desempleo, la inseguridad pública, la
corrupción etc. pero no obstante ello, dentro del sector que está porque en el
país se produzcan cambios profundos en el sistema social en su conjunto, es
decir, cambios políticos, económicos y sociales, un 46% está a favor mientras,
el 38% se opone, según los datos de la Encuesta de KELLER Y ASOCIADOS, mayo,
2013.
De los datos anteriores se
puede colegir, que el grado de adhesión o simpatías con las que puede contar la
propuesta de una Asamblea Constituyente, es muy alta, pero también los mismos
datos muestran que difícilmente una sola fuerza política podrá convocarla por
sí misma sin contar con otros apoyos, éste hecho, fuerza a un proceso de
negociación que seguramente irá desde las formas, el procedimiento y los
contenidos. Es aquí, donde el papel aguanta todo lo que le pongan, pero no así
la realidad.
Asamblea
Constituyente: ¿la avería del sistema?
De una manera distinta a lo
que ha ocurrido en países árabes, europeos y latinoamericanos como Chile,
México y ahora Brasil, en los que las viejas ideas políticas son sacudidas por
los movimientos ciudadanos que tienen en las redes sociales su propio “Caballo
de Toya”, en otros con poca o nula significación internacional como Honduras
(excepto por una tragedia natural o una vergüenza política en forma de golpe de
estado) el poder se está redireccionando- al menos el poder formal- hacia sectores sociales que tradicionalmente
han permanecido al margen de las instancias de decisión política como los
parlamentos o el poder Ejecutivo.
La Resistencia ha sido a Honduras, lo que los indignados a
España, las revueltas sociales a los
países árabes y la ocupación de los símbolos del capitalismo a Estados Unidos.
Las formas y las condiciones son distintas, pero las motivaciones son las
mismas: resistir y deslegitimar el poder que niega las demandas por más y mejor
educación, vivienda, empleo, bienestar colectivo e individual, respeto por el
medio ambiente, resistir un poder que invade y destruye países por conservar
“su modo de vida” a costa del bienestar de los demás, y que sustituye la
política por los mercados.
Sin embargo, esos movimientos
no han podido capitalizar (materializar) su gran capacidad de movilización en
poder político, al que siempre se llega –salvo una revolución- por la vía
electoral, pero hoy, bajo formas distintas por la participación de ciudadanos
organizados o al menos convocados.
Hace unos meses junto a
otros colegas, con el auspicio de la Fundación “Friedrich Ebert” de Alemania,
elaboramos un documento con el nombre de “Elecciones
en Honduras: ¿Continuidad, cambio o ruptura después del golpe de Estado”, Marzo,
2013, en el que, entre otras cosas, se plantea de una manera distinta lo
que se denomina el “bipartidismo”. En ese documento, se entiende el
bipartidismo como un Sistema de Reparto
de los bienes del Estado que comienza en 1925, originalmente conformado por los
dos partidos tradicionales a los que en la década de los años cincuenta se le
agrega las Fuerzas Armadas, posteriormente participan de forma decisiva
sectores económicos de la burguesía hasta conformar lo que hoy se denomina la
“oligarquización del Estado” por un reducido grupo de familias casi todas de
origen extranjero, que son quienes controlan las principales actividades
económicas del país: producción, comercio, banca, exportadores, comunicaciones
y algunos servicios públicos. Los dos partidos tradicionales, cumplen en ese Sistema de Reparto, un papel más de
intermediaros entre esos grupos y el Estado y menos entre los ciudadanos y el
Estado; por esa razón, la política está demás, no se le considera necesaria.
En ese contexto, la Asamblea
Constituyente se erige no solamente como una aspiración, también como la
posibilidad de redefinir las reglas en las que se basa el funcionamiento del
sistema, por medio de la consulta y la participación de los ciudadanos. El
resultado sería una nueva Constitución, de la que se derive un nuevo orden
político, económico y social que es el verdadero miedo de las élites que
controlan el poder; además, la irrupción de la Asamblea Constituyente como tema
de la agenda publica – se verá después si también en la agenda del Estado-
viene a romper la hegemonía no sólo de las ideas establecidas por los poderes
dominantes, sino que, esa discusión, puede derrotar los “miedos” infundidos e
infundados en la población, sobre lo que supondría en la práctica una Asamblea
Constituyente.
En una situación de
dispersión del poder político como la que puede ocurrir en Honduras después del
24 de noviembre, la “satanización” de la Asamblea Constituyente que seguramente
vendrá antes de esa fecha, importa mucho que ocurran al menos dos situaciones:
primera, el tema debe ser defendido por personas conocedoras del mismo, se
puede ganar en la calle y perder la discusión, segunda, el mayor apoyo debe
venir de los movimientos sociales que son en la práctica real, quienes mejor
recogen el descontento social, las reivindicaciones y las aspiraciones
colectivas de una manera que cruza a todas las capas de la sociedad. Unas para
hacerlas suyas, y otras, para darse cuenta al menos, que no se puede ser tan
rico mientras otros son tan pobres, que unos pocos vivan tan bien, mientras
tantos vivan tan mal.
Además, debe ser claro que
no se trata de eliminar derechos, sino, de los privilegios de todos en
condiciones de justicia social, como bien dice Gina Chávez, de la Asamblea de
Ecuador, “ el juego de las élites siempre
ha sido guardar las instituciones del Estado como una garantía de sus intereses
y las asambleas rompen con ese modelo… que se toma el diseño de la
Constitución…como un instrumento para la realización de derechos…eso va en
contra de lo que ha sido el modelo tradicional del Estado”
Los poderes fácticos,
resistirán como ya se dijo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente,
seguramente preferirían introducir reformas a la Constitución por la vía
institucional pero lo que no entienden es que una Constitución es efecto y no
causa de una situación preexistente, por un lado, y por otro, que una nueva
Constitución, no pertenece exclusivamente a la arquitectura constitucional o
procedimental de un país determinado, es algo más de fondo: es un proceso esencialmente
político con infinitas complejidades que en la práctica como se ha observado en
casi todos los casos, se resuelven a través de la negociación, la participación de todos los sectores de una
sociedad que da como resultado eso que
se denomina, un nuevo pacto social.
Si
no puedes contra ella… mediatízala
Una nueva Constitución debe
expresar las nuevas realidades políticas, económicas y sociales del mundo en
que vivimos, resulta casi imposible sostener que somos una democracia moderna
cuando todavía subsisten ideas, prácticas, visiones y “políticos” que niegan la
posibilidad siquiera, de debatir sobre el sistema político que tenemos, y menos
cambiarlo. Las tradicionales ideas políticas que dieron legitimidad a la
democracia, han sido superadas o están siendo cuestionadas por amplios
sectores ciudadanos a quienes dicen
representar los políticos sean éstos de derecha o de izquierda, basta ver los
acontecimientos de Brasil donde la presidente va a llamar a un plebiscito para
convocar a una Asamblea Constituyente y emprender reformas políticas,
económicas y sociales. Todo, debido a los movimientos sociales que articulados
o no, poseen la capacidad para poner en jaque a la clase política.
Para ganar la batalla de la
Asamblea Constituyente no basta la euforia, el discurso fácil e inocuo, no es
suficiente la consigna o el panfleto desde los sótanos del lenguaje político,
hace falta modificar primero la correlación de fuerzas, volver a la idea
original de la democracia: el pueblo, del que deriva todo poder, incluyendo la
Asamblea Constituyente. Algo debe ser claro, una nueva Constitución sólo puede
ser democrática si se origina en la Asamblea Constituyente en donde además de
los sectores de la sociedad, estén representados los nuevos actores que saldrán
de las elecciones generales de noviembre.
De ahí el temor de los
grupos dominantes, su miedo es que la Asamblea Constituyente surja desde abajo,
obligue a las clase política a ir al fondo de los problemas y no como a la
clase política conservadora le gustaría, o sea, remozar la Constitución desde
arriba. La coyuntura político-electoral es oportuna para impulsar el debate,
también para que grandes sectores de la sociedad participen de la propuesta
porque se trata en el fondo, de un verdadero ejercicio democrático y
participativo que rompe con el inmovilismo del tipo de democracia que han
impuesto los partidos del pasado.
Los siguientes datos pueden
servir para ilustrar que las Asambleas Constituyentes, lejos de ser regresivas
como las quieren hacer ver los defensores del status quo, han formado parte importante de los órdenes sociales
creados desde 1789. Un estudio de la Universidad de Illinois, estima que desde
esa fecha hasta el presente, se han redactado alrededor de 803 Constituciones
incluyendo la de Estados Unidos, el 40% de esas Constituciones, es decir, 308,
se ubican en América Latina; de los 10 países que más la han reformado, 7
también son latinoamericanos, incluyendo Honduras que lo ha hecho 36 veces.
En cuanto a los mecanismos
de la llamada “Democracia Directa”, es decir, Plebiscitos, Referéndum, Iniciativa Popular y Revocatoria de Mandato,
existen suficientes experiencias en la región. Iniciativa Legislativa Popular,
la poseen 12 países, Consulta Popular (Plebiscito/Referéndum) 16 países, en
solo 4 de ellos no se ha utilizado: El Salvador, Nicaragua, Paraguay y
Honduras, Revocatorio de Mandato, 2, Ecuador y Venezuela. El primero para los
diputados provinciales, y el segundo, para todos los cargos.
El mecanismo más utilizado
desde 1978 son el Plebiscito 15, Referéndum 13 y Consulta 9. Los países que más
los han utilizado son: Uruguay 13, Ecuador 5, Chile 4, Panamá, 4 y Venezuela 4.
Temas más consultados: Reformas Constitucionales, Reformas económicas y
sociales y aprobación o derogación de Leyes Especiales.
Ahora, si bien es cierto que
la coyuntura es favorable para convocar a una Asamblea Constituyente, también
es cierto que genera oposición y controversia por las razones que se han
expresado aquí. Más allá de ese hecho, la convocatoria se definirá en la
correlación de fuerzas tanto en el Congreso Nacional junto con la movilización
social sin descartar por ello, la posibilidad que sea convocada por un
gobierno. El caso colombiano es ejemplo de ello, en las elecciones
parlamentarias de 1990, un movimiento estudiantil universitario llamado,
“Todavía podemos salvar a Colombia” consiguió que se tomara en cuenta una
Séptima Papeleta (una especie de Cuarta Urna) por la cual se consultara para la
convocatoria a una Asamblea Constituyente.
El resultado de más de 2
millones de votos a favor, hizo que la Corte Suprema avalara esa aspiración,
argumentando que no se podía ignorar ni limitar el poder “del constituyente
primario”; de esa forma, en las elecciones presidenciales de 1990 la consulta
fue aprobada por el 86% de la población. Como consecuencia, se eligieron 70
delegados que reformaron totalmente la Constitución vigente desde 1886.
En nuestro caso, los
peligros que puede enfrentar tanto la convocatoria como la Asamblea misma,
están relacionados con poseer la capacidad de tener un acuerdo amplio, que no
unánime, porque no es posible. Tampoco se debe descartar la tentación de
algunos grupos de alcanzar todo de la manera que se pueda, en algo tan
delicado, es preferible “juntar más agua en la piscina” porque se trata de una
doble vía; por lado, poseer la fuerza política necesaria, y por otro, ser capaz
de persuadir en una negociación que además de compleja, puede ser que, la
Asamblea en la que ahora se piensa – originaria o refundacional- se vea mediatizada por un acuerdo “en la medida de lo
posible”.
No considerar un escenario
de esa naturaleza, además de irresponsabilidad política, es no tener conciencia
de lo que se tiene enfrente. Claramente es un tema complicado por cuanto se
puede ganar por ejemplo, 55 a 45, o se puede perder 45 a 55 con lo que ya no es
posible tener todo a lo se aspira y entonces, las aspiraciones se verían
disminuidas. Se trata entonces de prepararse para minimizar los riesgos, algo que
dependerá del mecanismo que se escoja para elegir lo que podrían ser los
delegados. En algunos casos, han sido escogidos por gremios y grupos de la
sociedad, en otros, a través de los partidos políticos para no llegar a la
elección del voto directo; por esa razón, ya se dijo aquí, preferiblemente después
de las elecciones del 24 de noviembre.
Soy consciente que el tema
tiene múltiples variables y condicionantes, que quedan otros aspectos centrales
como los temas que debería abordar una Asamblea Constituyente, por ejemplo,
cómo lograr los equilibrios políticos necesarios entre los poderes del Estado,
considerar si es necesario moderar el fuerte presidencialismo que tiene el
sistema político, avanzar en la profundización de la democracia con los
distritos electorales o establecer nuevas reglas para el funcionamiento de los
factores económicos y otros como ver si es posible establecer una red de
protección social para los más pobres etc. etc.
En una próxima entrega,
seguramente nos ocuparemos de ello, por ahora, a soñar, después de todo, es
gratis.
S.L. 24/6/2013
