Asamblea Constituyente

¿Originaria, refundacional o en la medida de lo posible?

“La primera regla de la democracia es que

la mayoría manda. La segunda, es que la

mayoría puede cambiar cualquier regla,

salvo la que dice que la mayoría manda”.

Sergio Suazo

Cuando se trata de momentos límites dentro de la sociedad, sea una revolución, una conmoción social o una crisis, los resultados pueden ser la sustitución total de las instituciones, valores y el sistema de ideas establecidos; también puede resultar una modificación del régimen político a partir de la influencia de una religión determinada, y, en el último caso, la emergencia de una serie de cambios que llevan a la modificación profunda de las bases en las que se ha sustentado el sistema social en su conjunto.

Los economistas hablan de crisis no solamente como algo negativo que afecta a mercados, empresas o a los ciudadanos, también se puede ver una crisis como oportunidad para innovar, para modernizar, para adquirir bienes etc. Si extrapolamos éste último significado de crisis- es decir como sinónimo de oportunidad- a la política, fácilmente se puede deducir que una crisis como un golpe de Estado, puede llevar a que de ella surja algo distinto aunque no necesariamente para bien.

En el caso de Honduras, si se pudiera hacer abstracción de las gravísimas violaciones a los Derechos Humanos que se dieron a raíz del quiebre institucional en 2009, diríamos que esa crisis abrió la oportunidad para poder pensar, plantear y luchar por hacer cambios profundos al sistema. Con anterioridad al golpe de Estado, se sabía mucho de las causas que hacen del país uno de los más atrasados del continente, que la democracia es una mera fachada para el accionar impune de los partidos que hasta ahora conforman la parte política del bipartidismo, que existen grupos económicos que convirtieron al Estado en el instrumento para materializar sus egoístas intereses etc. etc., pero lo más trascendente- está por ver hasta dónde- es que amplios sectores de la sociedad percibieron que la situación de exclusión y marginalidad que sufren, sólo puede ser revertida con su participación, pues de ello se deriva el factor clave: el poder.

Pero el poder en cualquiera de sus formas, requiere ser materializado, y una de ellas es contar con mayorías políticas en las instancias de decisión. En esas instancias se encuentran las formas de materialización, una de ellas es la Asamblea Constituyente. Su pertinencia, alcances, límites, miedos, oposición y viabilidad se abordan en las páginas que siguen

El estado del debate

En la antigüedad clásica, además de historiadores, poetas, dramaturgos etc. que escribían con raciocinios elegantes y sobrios, los pensadores como Platón, ordenaban el pensamiento en niveles: en el primero, estaba el debate, o sea el enfrentamiento de ideas distintas pero coherentes cuyo fin último era llegar a la verdad. En el segundo nivel, se encontraba la mera exposición de raciocinios sin debate o sea, sin crítica y en el último nivel, algo así como en una especie de sótano, se encontraban lo que ahora llamamos consignas, que siendo ideas también, se quedan en la fantasía y en la ambición porque expresan “la versión vulgarizada de las ideas”.

Es ingenuo pensar que en política no haya consignas – y “consigneros”, si se permite la expresión- pero sería desolador que fueran éstas la base sobre la que sustente la praxis política.

El tema de la Asamblea Constituyente aún no ha entrado a un debate serio, por varias razones: la primera, es que no ha pasado de representar una aspiración social y política de ciertos movimientos sociales y de algunos partidos políticos de reciente creación como LIBRE, el FAPER y otros que seguramente se unirán como la UD, en una concordancia que en el futuro podría ser parte de la recomposición política que seguramente experimentará el país, dependiendo mucho de los resultados electorales del 24 de noviembre.

Hasta ahora, cuando se ha tratado la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva constitución, lo que más sobresale es su escasa profundidad tanto en quienes la promueven como en quienes la adversan. Los primeros, en la falsa creencia que resolverá todo, y los segundos, por no considerarlo necesario, argumentan que la constitución actual ya ha sufrido una serie de reformas que la actualizarían, desconociendo que se trata de algo más profundo que una reforma superficial: una nueva constitución que pierda su carácter de instrumento al servicio de un élite y de un orden distanciado por completo de la realidad que viven las mayorías nacionales.

Segunda, porque no es claro que se vaya a producir un debate directo entre ambos extremos como parte de la campaña electoral, es posible que cada uno mantenga su posición hablándole al  vacio por su cuenta, en espera que se produzca el eco; pero en caso que suceda lo contrario, ocupara un lugar central en la campaña política lo que sería un avance importante al menos a nivel discursivo pues se abordarían los tremas “tabú” de las grupos dominantes: los artículos “pétreos”, sobre todo, los que prohíben la reelección.

Tercera, porque luego de que, quienes creían ingenuamente que “en la calle está el poder”, se dieron cuenta que los cambios una vez que se aspira a ser parte del sistema, sólo pueden hacerse desde el poder y ahora mismo, no se cuenta con ese poder político para impulsar la Asamblea Constituyente. No faltará quien desde la emoción contradiga ésta última afirmación, sin embargo, sirva aclarar lo siguiente: una cosa es contar con simpatía y apoyo popular, con capacidad de movilización y hasta con un buen volumen electoral y otra, es tener fuerza y poder político.

El poder político sólo se obtiene cuando esas condiciones que se mencionan, tienen una materialización, es decir, cuando se accede a las instituciones desde las cuales se cambia la correlación de fuerzas que hace posible los cambios. El poder político se materializa en el ámbito local en las Alcaldías Municipales, y, para tener mayorías políticas, en el Congreso Nacional.

 Cuarta razón, porque es deseable que la discusión se haga con todos los actores, los viejos y los nuevos, eso sólo podrá ser después de las elecciones de noviembre de donde saldrán los “nuevos” sujetos políticos.

Se podría agregar una quinta, es fundamental que algo tan serio como una Asamblea Constituyente, se deba entender el carácter eminentemente político, con implicaciones jurídicas, económicas, sociales y culturales, claro está. Hacer recaer su comprensión únicamente en los aspectos jurídicos, equivale a entender poco de lo que se está hablando pues no basta con plantear una nueva Constitución, hay que argumentar sobre su pertinencia, cómo se hace, qué temas contendrá, cómo modificará la naturaleza del Estado, quiénes participaran o algo tan importante como saber sus límites, si requerirá de negociación con los grupos políticos y económicos que la adversan. En fin, fundacional no puede ser ni originaria, entonces ¿será en la medida de lo posible? No hay que ser muy perspicaz para deducir el camino que podría tomar.

 Pertinencia democrática

Para las fuerzas políticas y económicas conservadoras del país, que resisten y resistirán hasta donde les sea posible, una Asamblea Constituyente, es uno de los productos menos esperados del golpe de Estado, son las consecuencias de subestimar a los pueblos al borde del colapso, sin embargo es un tema que poco apoco ha pasado a formar parte de las consideraciones de esos grupos, y de sectores ligados a ellos. Algunos casi aceptan con resignación que “para allí vamos”, como me dijo recientemente un miembro de una de las familias políticas más reconocidas del país.

Esa sensación es “transversal” - como les gusta decir a las ONG de corte neoliberal y a otras no tanto- en la clase política, las encuestas de opinión han hecho que tanto los poderes fácticos como sus operadores políticos, o sea “sus” partidos, se encuentren al borde de un ataque de nervios (y las esposas desesperadas) es un estado de ánimo que esconde el temor de esos grupos ante la posibilidad de que su “modelo” sufra profundos cambios que amenacen  “sus intereses y posiciones dominantes” dentro de la sociedad. Sobre esto, Roberto Viciano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España y buen conocedor de los procesos constituyentes en Latinoamérica dice: “los procesos de cambio siempre asustan al dinero…los procesos constituyentes son visto como una amenaza de inestabilidad pero son más bien maniobras de amarre para evitar los cambios, amenazas de los poderes fácticos para impedir que lo que la gente quiere se lleve a cabo”.

El ejemplo de Bolivia es muy ilustrativo, el proceso constituyente fue satanizado por la vía de la supuesta inestabilidad que produciría, no ocurrió así. Hoy, Bolivia tiene uno de los períodos de mayor estabilidad institucional de sus reciente historia a pesar de los intentos separatistas de algunos departamentos gobernados por la oposición de derecha; los capitales extranjeros lejos de retirarse se quedaron, porque el dinero se “acomoda” donde hay ganancias y Bolivia pasó de tener menos de $500 millones en reservas internacionales en 2006, a más de $14 mil millones en la actualidad con lo que el argumento de los temores, se desvanece.

El orden social que en Honduras emergió de la Constitución de 1982, como se ha dicho reiteradamente, obedecía a la lógica de unas condiciones internacionales y regionales que atendían la “necesidad” geoestratégica de reacomodar el poder para revestirlo de una nueva “legitimidad democrática” a conveniencia de los poderes externos e internos que han dominado la región casi desde su “independencia”. Luego del fin los regímenes militares, y la “implantación” de “democracias” tuteladas constitucionalmente por el mismo poder militar desde los cuarteles y no ya desde las instituciones, el lenguaje político de los “nuevos actores” – las viejas cúpulas políticas de los partidos tradicionales- comenzó a hablar de “estabilidad democrática” ( no habían copiado el término gobernabilidad porque aún no salía del ámbito académico), “atrás quedaron las elecciones estilo Honduras”, “la supeditación del poder militar al poder civil” o “profundización de la democracia” etc.

Con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta que seguíamos siendo la más “bananera” de las “democracias” en la región, es decir, la menos democrática; 5,2 cuando el promedio en el resto de los países centroamericanos es de 6,7 en una escala de 1 a 10, donde 1 es lo menos democrático y 10, lo más democrático. En síntesis, después de treinta años desde el retorno constitucional que no transición política, no fue tiempo suficiente para que la democracia pudiera habituarse a sí misma (Rustow).

Por otra parte, en los últimos años, el déficit democrático sigue siendo alto a pesar  de algunos avances experimentados en el sistema político, sin embargo, se percibe el gran desfase de los partidos políticos con relación al papel que ellos cumplen en lo referente a su papel de intermediación entre las demandas sociales y el Estado. Ello se debe entre otras cosas, a que desde hace mucho tiempo, los partidos políticos en todas partes, perdieron el “monopolio” de la representación de los ciudadanos, eso debido al surgimiento de unas serie de organizaciones que desde la base de la sociedad, articulan, promueven y defienden sus intereses al margen de los partidos.

Consecuentemente, los altos niveles de pobreza y pobreza extrema (cercana al 70%) como expresión máxima de las exclusión social, la crisis de legitimidad de las instituciones, el papel de operadores políticos que cumplen los partidos, la cooptación del Estado por los “poderes fácticos”, la ausencia de política públicas eficientes, el irrespeto casi absoluto de las mismas “reglas del juego” establecidas en la actual constitución y las leyes secundarias que de ella se derivan, la poca claridad y en algunos casos ausencia de principios básicos para el funcionamiento económico del sistema, son factores que constituyen un escenario con suficientes justificaciones para que se puede plantear con mucha legitimidad, una Asamblea Constituyente. Como síntesis de lo anterior, y para sustentar la afirmación, sólo el 29% de los ciudadanos hondureños está satisfecho con la democracia (Corporación Latinobarómetro, Informe 2011)

Como se ha dicho, éste tema ha ido cumpliendo varias fases: primero, es algo aspiracional de ciertos grupos sociales y políticos, segunda, debe ser asumido por una masa crítica amplia con capacidad de traspasarla a la población con el fin de que la haga suya para poder defenderla, tercera, comenzar a construirla intelectualmente con todo lo que ello implica, y por último, construir mayorías políticas que la hagan factible. Es importante recordar: una cosa es lo pensable, otra los posible y una distinta lo factible.

Llegar a una Asamblea Constituyente es un camino sinuoso, escabroso, cuesta arriba, con avances y retrocesos. Mucho dependerá de contar o no con mayorías políticas, las que por cierto, de no contar con las propias, no significa que no se puedan construir; una de forma para tenerlas es la política de alianzas.

Sin embargo, existen ciertas condiciones que se deben tener en cuenta, por ejemplo, saber sí una Asamblea Constituyente es  considerada una prioridad por la población; las encuestas de opinión muestran que no, ya que entre las prioridades destacan, el desempleo, la inseguridad pública, la corrupción etc. pero no obstante ello, dentro del sector que está porque en el país se produzcan cambios profundos en el sistema social en su conjunto, es decir, cambios políticos, económicos y sociales, un 46% está a favor mientras, el 38% se opone, según los datos de la Encuesta de KELLER Y ASOCIADOS, mayo, 2013.

De los datos anteriores se puede colegir, que el grado de adhesión o simpatías con las que puede contar la propuesta de una Asamblea Constituyente, es muy alta, pero también los mismos datos muestran que difícilmente una sola fuerza política podrá convocarla por sí misma sin contar con otros apoyos, éste hecho, fuerza a un proceso de negociación que seguramente irá desde las formas, el procedimiento y los contenidos. Es aquí, donde el papel aguanta todo lo que le pongan, pero no así la realidad.

Asamblea Constituyente: ¿la avería del sistema?

De una manera distinta a lo que ha ocurrido en países árabes, europeos y latinoamericanos como Chile, México y ahora Brasil, en los que las viejas ideas políticas son sacudidas por los movimientos ciudadanos que tienen en las redes sociales su propio “Caballo de Toya”, en otros con poca o nula significación internacional como Honduras (excepto por una tragedia natural o una vergüenza política en forma de golpe de estado) el poder se está redireccionando- al menos el poder formal-  hacia sectores sociales que tradicionalmente han permanecido al margen de las instancias de decisión política como los parlamentos o el poder Ejecutivo.

La Resistencia ha sido a Honduras, lo que los indignados a España,  las revueltas sociales a los países árabes y la ocupación de los símbolos del capitalismo a Estados Unidos. Las formas y las condiciones son distintas, pero las motivaciones son las mismas: resistir y deslegitimar el poder que niega las demandas por más y mejor educación, vivienda, empleo, bienestar colectivo e individual, respeto por el medio ambiente, resistir un poder que invade y destruye países por conservar “su modo de vida” a costa del bienestar de los demás, y que sustituye la política por los mercados.

Sin embargo, esos movimientos no han podido capitalizar (materializar) su gran capacidad de movilización en poder político, al que siempre se llega –salvo una revolución- por la vía electoral, pero hoy, bajo formas distintas por la participación de ciudadanos organizados o al menos convocados.

Hace unos meses junto a otros colegas, con el auspicio de la Fundación “Friedrich Ebert” de Alemania, elaboramos un documento con el nombre de “Elecciones en Honduras: ¿Continuidad, cambio o ruptura después del golpe de Estado”, Marzo, 2013, en el que, entre otras cosas, se plantea de una manera distinta lo que se denomina el “bipartidismo”. En ese documento, se entiende el bipartidismo como un Sistema de Reparto de los bienes del Estado que comienza en 1925, originalmente conformado por los dos partidos tradicionales a los que en la década de los años cincuenta se le agrega las Fuerzas Armadas, posteriormente participan de forma decisiva sectores económicos de la burguesía hasta conformar lo que hoy se denomina la “oligarquización del Estado” por un reducido grupo de familias casi todas de origen extranjero, que son quienes controlan las principales actividades económicas del país: producción, comercio, banca, exportadores, comunicaciones y algunos servicios públicos. Los dos partidos tradicionales, cumplen en ese Sistema de Reparto, un papel más de intermediaros entre esos grupos y el Estado y menos entre los ciudadanos y el Estado; por esa razón, la política está demás, no se le considera necesaria.

En ese contexto, la Asamblea Constituyente se erige no solamente como una aspiración, también como la posibilidad de redefinir las reglas en las que se basa el funcionamiento del sistema, por medio de la consulta y la participación de los ciudadanos. El resultado sería una nueva Constitución, de la que se derive un nuevo orden político, económico y social que es el verdadero miedo de las élites que controlan el poder; además, la irrupción de la Asamblea Constituyente como tema de la agenda publica – se verá después si también en la agenda del Estado- viene a romper la hegemonía no sólo de las ideas establecidas por los poderes dominantes, sino que, esa discusión, puede derrotar los “miedos” infundidos e infundados en la población, sobre lo que supondría en la práctica una Asamblea Constituyente.

En una situación de dispersión del poder político como la que puede ocurrir en Honduras después del 24 de noviembre, la “satanización” de la Asamblea Constituyente que seguramente vendrá antes de esa fecha, importa mucho que ocurran al menos dos situaciones: primera, el tema debe ser defendido por personas conocedoras del mismo, se puede ganar en la calle y perder la discusión, segunda, el mayor apoyo debe venir de los movimientos sociales que son en la práctica real, quienes mejor recogen el descontento social, las reivindicaciones y las aspiraciones colectivas de una manera que cruza a todas las capas de la sociedad. Unas para hacerlas suyas, y otras, para darse cuenta al menos, que no se puede ser tan rico mientras otros son tan pobres, que unos pocos vivan tan bien, mientras tantos vivan tan mal.

Además, debe ser claro que no se trata de eliminar derechos, sino, de los privilegios de todos en condiciones de justicia social, como bien dice Gina Chávez, de la Asamblea de Ecuador, “ el juego de las élites siempre ha sido guardar las instituciones del Estado como una garantía de sus intereses y las asambleas rompen con ese modelo… que se toma el diseño de la Constitución…como un instrumento para la realización de derechos…eso va en contra de lo que ha sido el modelo tradicional del Estado”

Los poderes fácticos, resistirán como ya se dijo, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, seguramente preferirían introducir reformas a la Constitución por la vía institucional pero lo que no entienden es que una Constitución es efecto y no causa de una situación preexistente, por un lado, y por otro, que una nueva Constitución, no pertenece exclusivamente a la arquitectura constitucional o procedimental de un país determinado, es algo más de fondo: es un proceso esencialmente político con infinitas complejidades que en la práctica como se ha observado en casi todos los casos, se resuelven a través de la negociación,  la participación de todos los sectores de una sociedad  que da como resultado eso que se denomina, un nuevo pacto social.

Si no puedes contra ella… mediatízala

Una nueva Constitución debe expresar las nuevas realidades políticas, económicas y sociales del mundo en que vivimos, resulta casi imposible sostener que somos una democracia moderna cuando todavía subsisten ideas, prácticas, visiones y “políticos” que niegan la posibilidad siquiera, de debatir sobre el sistema político que tenemos, y menos cambiarlo. Las tradicionales ideas políticas que dieron legitimidad a la democracia, han sido superadas o están siendo cuestionadas por amplios sectores  ciudadanos a quienes dicen representar los políticos sean éstos de derecha o de izquierda, basta ver los acontecimientos de Brasil donde la presidente va a llamar a un plebiscito para convocar a una Asamblea Constituyente y emprender reformas políticas, económicas y sociales. Todo, debido a los movimientos sociales que articulados o no, poseen la capacidad para poner en jaque a la clase política.

Para ganar la batalla de la Asamblea Constituyente no basta la euforia, el discurso fácil e inocuo, no es suficiente la consigna o el panfleto desde los sótanos del lenguaje político, hace falta modificar primero la correlación de fuerzas, volver a la idea original de la democracia: el pueblo, del que deriva todo poder, incluyendo la Asamblea Constituyente. Algo debe ser claro, una nueva Constitución sólo puede ser democrática si se origina en la Asamblea Constituyente en donde además de los sectores de la sociedad, estén representados los nuevos actores que saldrán de las elecciones generales de noviembre.

De ahí el temor de los grupos dominantes, su miedo es que la Asamblea Constituyente surja desde abajo, obligue a las clase política a ir al fondo de los problemas y no como a la clase política conservadora le gustaría, o sea, remozar la Constitución desde arriba. La coyuntura político-electoral es oportuna para impulsar el debate, también para que grandes sectores de la sociedad participen de la propuesta porque se trata en el fondo, de un verdadero ejercicio democrático y participativo que rompe con el inmovilismo del tipo de democracia que han impuesto los partidos del pasado.

Los siguientes datos pueden servir para ilustrar que las Asambleas Constituyentes, lejos de ser regresivas como las quieren hacer ver los defensores del status quo, han formado parte importante de los órdenes sociales creados desde 1789. Un estudio de la Universidad de Illinois, estima que desde esa fecha hasta el presente, se han redactado alrededor de 803 Constituciones incluyendo la de Estados Unidos, el 40% de esas Constituciones, es decir, 308, se ubican en América Latina; de los 10 países que más la han reformado, 7 también son latinoamericanos, incluyendo Honduras que lo ha hecho 36 veces.

En cuanto a los mecanismos de la llamada “Democracia Directa”, es decir, Plebiscitos, Referéndum,  Iniciativa Popular y Revocatoria de Mandato, existen suficientes experiencias en la región. Iniciativa Legislativa Popular, la poseen 12 países, Consulta Popular (Plebiscito/Referéndum) 16 países, en solo 4 de ellos no se ha utilizado: El Salvador, Nicaragua, Paraguay y Honduras, Revocatorio de Mandato, 2, Ecuador y Venezuela. El primero para los diputados provinciales, y el segundo, para todos los cargos.

El mecanismo más utilizado desde 1978 son el Plebiscito 15, Referéndum 13 y Consulta 9. Los países que más los han utilizado son: Uruguay 13, Ecuador 5, Chile 4, Panamá, 4 y Venezuela 4. Temas más consultados: Reformas Constitucionales, Reformas económicas y sociales y aprobación o derogación de Leyes Especiales.

Ahora, si bien es cierto que la coyuntura es favorable para convocar a una Asamblea Constituyente, también es cierto que genera oposición y controversia por las razones que se han expresado aquí. Más allá de ese hecho, la convocatoria se definirá en la correlación de fuerzas tanto en el Congreso Nacional junto con la movilización social sin descartar por ello, la posibilidad que sea convocada por un gobierno. El caso colombiano es ejemplo de ello, en las elecciones parlamentarias de 1990, un movimiento estudiantil universitario llamado, “Todavía podemos salvar a Colombia” consiguió que se tomara en cuenta una Séptima Papeleta (una especie de Cuarta Urna) por la cual se consultara para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

El resultado de más de 2 millones de votos a favor, hizo que la Corte Suprema avalara esa aspiración, argumentando que no se podía ignorar ni limitar el poder “del constituyente primario”; de esa forma, en las elecciones presidenciales de 1990 la consulta fue aprobada por el 86% de la población. Como consecuencia, se eligieron 70 delegados que reformaron totalmente la Constitución vigente desde 1886.

En nuestro caso, los peligros que puede enfrentar tanto la convocatoria como la Asamblea misma, están relacionados con poseer la capacidad de tener un acuerdo amplio, que no unánime, porque no es posible. Tampoco se debe descartar la tentación de algunos grupos de alcanzar todo de la manera que se pueda, en algo tan delicado, es preferible “juntar más agua en la piscina” porque se trata de una doble vía; por lado, poseer la fuerza política necesaria, y por otro, ser capaz de persuadir en una negociación que además de compleja, puede ser que, la Asamblea en la que ahora se piensa – originaria o refundacional- se vea  mediatizada por un acuerdo “en la medida de lo posible”.

No considerar un escenario de esa naturaleza, además de irresponsabilidad política, es no tener conciencia de lo que se tiene enfrente. Claramente es un tema complicado por cuanto se puede ganar por ejemplo, 55 a 45, o se puede perder 45 a 55 con lo que ya no es posible tener todo a lo se aspira y entonces, las aspiraciones se verían disminuidas. Se trata entonces de prepararse para minimizar los riesgos, algo que dependerá del mecanismo que se escoja para elegir lo que podrían ser los delegados. En algunos casos, han sido escogidos por gremios y grupos de la sociedad, en otros, a través de los partidos políticos para no llegar a la elección del voto directo; por esa razón, ya se dijo aquí, preferiblemente después de las elecciones del 24 de noviembre.

Soy consciente que el tema tiene múltiples variables y condicionantes, que quedan otros aspectos centrales como los temas que debería abordar una Asamblea Constituyente, por ejemplo, cómo lograr los equilibrios políticos necesarios entre los poderes del Estado, considerar si es necesario moderar el fuerte presidencialismo que tiene el sistema político, avanzar en la profundización de la democracia con los distritos electorales o establecer nuevas reglas para el funcionamiento de los factores económicos y otros como ver si es posible establecer una red de protección social para los más pobres etc. etc.

En una próxima entrega, seguramente nos ocuparemos de ello, por ahora, a soñar, después de todo, es gratis.

S.L. 24/6/2013